Con la nueva propuesta de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) serán los municipios quienes tengan que hacerse cargo de la gestión de los residuos de construcción
Lorenzo Rodríguez, portavoz de Ciudadados en la Diputación de Burgos, ha comparecido en la mañana de hoy para criticar el proyecto de gestión de residuos de construcción y demolición del Consorcio Provincial de Residuos. Según el proyecto, todos los municipios que se adhieran al mismo deberán de correr con los gastos de construcción y realización de un troje, realizado en hormigón, que el Consorcio ha anunciado que valora en 2300 euros por unidad, por debajo del coste de una obra de ese tipo. A su vez, el ayuntamiento deberá de hacerse responsable de la recogida y responsabilidad sobre los residuos, incluyendo su transporte a los centros de selección designados por el Consorcio, así como el palista que cargue y descargue y sus seguros sociales y su responsabilidad civil o la contratación de empresas que puedan realizar la labor.
En cuanto a los nuevos centros de transferencia y selección, Rodríguez ha señalado que “ya se han asignado los centros a las poblaciones y, curiosamente, son las mismas que el Partido Popular siempre elige“. En este sentido, Rodríguez ha criticado que no se haya tenido en cuenta la distancia media entre poblaciones a la hora de elegir la ubicación, provocando que algunas poblaciones se encuentren a más de una hora de su centro de referencia. “Esto provoca un importante agravio comparativo entre unos pueblos y otros” ha sentenciado Rodríguez. “Los pueblos que estén más alejados de su centro de transferencia deberán de correr con mayores gastos de transporte que los más cercanos y eso conllevará que los vecinos de esos pueblos tengan que recortar en otros servicios básicos o aumentar el precio a los vecinos”.
Rodríguez, ha anunciado que el coste tipo para el tratamiento de demolición de un edificio, según la ordenanza recomendada por el Consorcio, “puede estar en torno a los 5.500 euros, a lo que hay que añadir el coste de transporte que puede suponer 3.000 euros de incremento para núcleos de población como, por ejemplo, Valbonilla y de los que tendrá que hacerse cargo el propio ayuntamiento”.
Lo que sí ha criticado duramente el portavoz ciudadano ha sido el hecho de que el Consorcio solicite a la Diputación que tome medidas disuasorias en forma de denegación de subvenciones a aquellos municipios que no se adhieran al plan propuesto. “El Consorcio no es la Diputación y no puede actuar como si lo fuese, no tienen potestad para dar o quitar subvenciones que ellos no conceden”.
Junto a esto, Rodríguez ha criticado que el Plan ya haya elegido las 15 poblaciones donde se ubicarán los nuevos parques de bomberos haciéndolas coincidir con los centros de transferencia recordando que “el Consorcio sigue atribuyéndose competencias que en ningún caso le corresponden y toma decisiones sin contar con el total de grupos en la Diputación ni con los alcaldes”.
Rodríguez ha vuelto a insistir en que el Consorcio está pidiendo dinero a la Diputación y a los Ayuntamientos “pero se quiere lavar las manos en cuanto a responsabilidad y costes”.
Para finalizar, el portavoz de Cs en la Diputación ha insistido en que “el proyecto está poco estudiado y los ayuntamientos no van a poder cumplir con las condiciones que se les exigen” al tiempo que ha considerado que este es uno de los temas que deberían de haber pasado por el nuevo Consejo de Alcaldes antes de tomar una decisión porque “con esto, el Partido Popular está dando la puntilla a los ayuntamientos más pequeños”.