El regidor de Espinosa de los Monteros recuerda que el PSOE no cobró la sanción que ahora reclama cuando pudo hacerlo durante casi tres años.
Acusa a los ediles expulsados del PSOE por apertura de juicio oral de no informar de la existencia de la sanción y de no presupuestar la misma como un ingreso a percibir.
Espinosa de los Monteros, 17 de marzo de 2017. No cesan las presuntas irregularidades detectadas en Espinosa de los Monteros. El último caso en saltar a la palestra ha sido la falta de cobro de una sanción de 201.000 euros impuesta en 2012 por el derribo de una vivienda protegida. La sanción prescribió en septiembre de 2015, meses después del relevo en el gobierno municipal.
Esta falta de cobro de la sanción fue puesta en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por parte de los entonces ediles del PSOE que dice «haber apreciado la existencia de indicio de responsabilidad contable». El consistorio espinosiego ha remitido ya la documentación completa al órgano instructor con el fin de que se instruyan las actuaciones previas.
Esta sanción, que ahora es objeto de litigio, no fue reclamada por el equipo de gobierno del PSOE cuando debió de hacerse y fue reclamada por el equipo de gobierno comandado por Ciudadanos una vez tuvo conocimiento de la misma, en febrero de 2016, pero para entonces los plazos estaban caducados y la sanción prescrita.
Mientras los ediles anteriormente socialista dicen desconocer «porque la Secretaria no giró la liquidación en septiembre de 2012», Javier Fernández-Gil recuerda que “estas sanciones no fueron comunicadas al nuevo equipo de gobierno entrante, tal y como marca la Ley”. En la comunicación de intercambio de poderes que ha sido facilitada al Tribunal de Cuentas tan solo figura que se debe de realizar el seguimiento urbanístico de determinadas obras, pero “no se habla de ninguna sanción” expresa el primer edil.
Además el alcalde, Javier Fernández-Gil ha denunciado que “(los exediles del PSOE) quieren que nosotros hiciésemos en tres meses lo que ellos no hicieron en 2 años y nueve meses”. Al tiempo que acusa directamente al entonces concejal tesorero, Jean Paul Sánchez, de “no haber informado de este cobro pendiente a su sustituto y al resto de la corporación socialista de no haber hecho constar este derecho como ingreso en los presupuestos municipales”.
De esta manera, Fernández-Gil cree que “los denunciantes quizás se estén dando un tiro en el pie con esta denuncia”.