Tras las sentencias del Constitucional relativas al Impuesto correspondiente a las plusvalías en el País Vasco, se espera que se modifique la Ley nacional
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos, Gloria Bañeres, se ha congratulado de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que grava la revalorización de los inmuebles cuando son transmitidos, pero en la práctica es abonado siempre, aunque hayan perdido valor. Desde Cs Burgos consideran “más que posible que estas sentencias sienten jurisprudencia y se modifique la normativa nacional haciendo posible que puedan ser reclamadas las cantidades pagadas en concepto de plusvalías cuando no ha habido incremento patrimonial”.
Por este motivo el Grupo Municipal ha registrado una proposición para que el Ayuntamiento de Burgos inicie de forma urgente un procedimiento de modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de forma que se contemple como régimen de gestión del mismo el de declaración tributaria, regulado en los artículos 119 y 129 y siguientes de la Ley General Tributaria. Para la portavoz de la formación naranja “es necesario anticiparse al problema y hacer que el Ayuntamiento, dentro de lo que la legalidad permite, deje de recaudar ingresos que con toda probabilidad luego podrán ser reclamados por los ciudadanos”. Cs solicita de esta manera que se modifique la ordenanza y se cese el actual sistema de autodeclaraciones, sustituyéndolo por otro en el que se realicen declaraciones individualizadas en las que se tengan en cuenta el beneficio real obtenido con la transmisión de los bienes inmuebles.
Dentro de la proposición que Ciudadanos defenderá en el Pleno Municipal del próximo viernes destaca también la petición de articular los medios técnicos y humanos necesarios para hacer frente de manera inmediata a la eventual formulación por parte de los contribuyentes de rectificaciones de las liquidaciones no prescritas relativas a transmisiones de inmuebles sin incremento real de valor, una vez declarados nulos los preceptos de la Ley de Haciendas Locales y de la ordenanza reguladora del impuesto de plusvalías. Para Bañeres “es importante estar preparados para cuando cambie la Ley y burgaleses que han transmitido sus propiedades quieran reclamar cantidades al Ayuntamiento”. Y es que cabe recordar que como norma general los ingresos que sean declarados indebidos por parte de la administración pública pueden ser reclamados hasta cuatro años después de haber sido pagados, lo que a juicio de Bañeres “puede provocar un importante desajuste en los servicios del Ayuntamiento si éste no está preparado”.
“El impuesto de plusvalía municipal, tal y como está concebido, no ha tenido en cuenta quién ha ganado y quién ha perdido patrimonio, se ha aplicado de forma indiscriminada, obviando los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad de los tributos tal y como exige nuestra Constitución”, ha concluído Bañeres.