PROPOSICIÓN QUE DEFENDEREMOS MAÑANA EN EL PLENO DEL AYTO BURGOS.

AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS

 

Gloria Bañeres de la Torre, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos_Burgos (Cs) en este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de Burgos, formula para su debate en la sesión plenaria que tendrá lugar el próximo viernes, y posterior  votación, la siguiente

 

PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS  PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE VILLALONQUÉJAR III Y IV

 

El Consorcio para la gestión del Polígono Industrial de Villalonquéjar III y IV se constituyó, en noviembre de 1.997, con el objetivo de conseguir un desarrollo integral de la ciudad de Burgos, para lo que se consideró necesaria la ampliación de la disponibilidad de suelo con destino industrial, así como el establecimiento de un sistema de gestión que permitiese adecuar la misma a las necesidades de las empresas que quisieran implantarse en nuestra ciudad.

 

En un principio, el Consorcio estaba participado por el Ayuntamiento de Burgos y por Caja de Ahorros Municipal de Burgos. Sin embargo, como consecuencia del traspaso de todo el patrimonio afecto a la actividad financiera de Caja de Burgos a Banca Cívica, en un primer momento, y la absorción de ésta por Caixabank, posteriormente, resulta que la entidad originariamente consorciada con el Ayuntamiento y acreedora del consorcio, es en la actualidad un tercero ajeno a éste ejerciendo la Fundación Caja Burgos, de facto, la posición de entidad consorciada, participando en la toma de decisiones.

 

Sin embargo, esta situación no ha tenido su reflejo en los estatutos del consorcio, lo que mantiene en la incertidumbre  jurídica el estatuto jurídico y papel de la Fundación Caja Burgos en este Consorcio.

 

Dichos estatutos contemplaban  un equilibrio de fuerzas de ambas entidades consorciadas en el órgano rector del consorcio, con ocho miembros representantes de cada una de ellas, si bien el Ayuntamiento resultaba decisivo en la conformación de mayorías, al ostentar el presidente y alcalde de la ciudad voto de calidad para dirimir los empates.

 

Pues bien, a pesar de esta situación de preeminencia del Ayuntamiento, la realidad es que, a día de la fecha, la corporación solo cuenta con siete de los ocho miembros que le corresponden en el Consejo Rector, por lo que la voluntad  de la Fundación Caja Burgos resulta determinante a la hora de tomar las decisiones, y ello en contra de la voluntad explicitada en los estatutos del consorcio.

 

Este grupo municipal ya solicitó a la Junta de Gobierno, con fecha 18 de julio pasado, la designación de vocal representante del Ayuntamiento en el Consejo Rector del Consorcio.

 

Por otro lado, los estatutos del consorcio deberían haberse adaptado a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,  antes del 30 de diciembre de 2.014, y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público.

 

Y en esta situación de incertidumbre legal y debilidad representativa y decisoria para el Ayuntamiento en el seno del consorcio, se nos presenta una reestructuración de la deuda millonaria que éste mantiene y  que asciende a 109 millones de euros.

 

Por ello, este grupo municipal entiende que, con carácter previo a cualquier decisión, debería cubrirse la vacante del representante del Ayuntamiento  en el consejo rector del consorcio, de manera que recupere su situación de preeminencia  y se posibilite que los intereses de aquél se antepongan a los de la Fundación Caja Burgos.

 

Por otro lado, la cláusula tercera, apartados f y g del convenio a suscribir entre el Ayuntamiento y el Consorcio, para dar viabilidad a la reestructuración de la deuda financiera, establecen limitaciones de la autonomía estatutaria, que, al margen de su legalidad, vienen impuestas por las entidades acreedoras, lo que supone de hecho una ilegítima intervención de las entidades bancarias sobre una entidad territorial de carácter democrático.

 

De ahí que Ciudadanos proponga la adaptación de los estatutos a la legalidad vigente de forma inmediata, de manera que sepamos quién es la entidad consorciada con el Ayuntamiento de Burgos y que éste pueda introducir las modificaciones estatutarias que entienda más beneficiosas para la entidad local, antes de suscribir cualquier fórmula de refinanciación o convenio.

 

Una vez adaptados los estatutos, ambas entidades consorciadas deberán manifestar su voluntad de colaborar en la viabilidad de la reestructuración de la deuda de manera que si el Ayuntamiento debe hacer frente a esta deuda en solitario, procederá cuestionarse la existencia misma del consorcio. Al fin y al cabo, en diciembre de 2.016, el consorcio ha sido sectorizado por la Oficina Nacional de Contabilidad, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, como Administración Pública y la deuda que mantiene este consorcio con las entidades financieras, se suma al  stock de deuda del Ayuntamiento de Burgos.

 

No obstante, la extinción del consorcio supondría el inicio de un proceso de liquidación que podría reducir drásticamente el valor de los bienes inmuebles de su propiedad, por lo que procede buscar una fórmula alternativa que permita gestionar su patrimonio de la forma más ventajosa.

 

Para ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.5 de la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, proponemos la cesión global de activos y pasivos del consorcio a la Sociedad para la Promoción y el Desarrollo de la Ciudad de Burgos, a fin de mantener la continuidad de su actividad y alcanzar sus objetivos, sin liquidación del mismo.

 

Una vez producida la cesión, se negociaría directamente con las entidades financieras la reestructuración de la deuda, que se podrá sustanciar en términos similares a la planteada, ocupando la sociedad el lugar del consorcio y suscribiéndose entre aquélla y el Ayuntamiento el convenio para su viabilidad, todo ello sin perjuicio de entablar contactos con otras entidades financieras que estuvieran interesadas en refinanciar la deuda.

 

De este modo, la gestión de venta y promoción industrial quedaría en manos del Ayuntamiento a través de un ente participado por él mismo al 100%, y no como en la actualidad en la que el consorcio ha dejado de ser considerado como un medio propio del Ayuntamiento de Burgos.

 

El objeto social de esta Sociedad municipal incluye la promoción de la ciudad desde su vertiente turística, industrial y cultural, pudiendo establecer para tal fin canales de cooperación público-privada. Y así, en tanto en cuanto se consolida el puesto de técnico en promoción industrial cuyo proceso de selección ya está en marcha, la sociedad podría externalizar el servicio de  gestión de venta de parcelas del polígono. Una vez seleccionado el nuevo técnico, éste desarrollaría la gestión de venta y de promoción industrial, vinculada a un plan de negocio y de captación de empresas.

 

. El ahorro en comisiones por venta que hoy en día devenga la Fundación Caja Burgos, se destinarían, bien a amortizar deuda, bien a inversión en promoción industrial.

 

Debe tenerse en cuenta que el próximo día 31 de julio vence una cuota del préstamo “Club Deal” suscrito con ICO, por importe de 6 millones de euros, que habría que cancelar con carácter previo a la reestructuración y que bien podría amortizarse con cargo a los remanentes de tesorería, mediante la correspondiente modificación presupuestaria.

 

La Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de  Burgos, se encuentra sectorizada como Administración pública, puesto que sus fuentes de financiación lo constituyen principalmente las transferencias y subvenciones del Ayuntamiento. Sin embargo, al desarrollar una actividad de venta de bienes y prestación de servicios al sector privado, podría ser reclasificada como Sociedad no financiera, al igual que la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos.

 

Por todo lo expuesto el Grupo municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Burgos solicita el voto a favor de la siguiente propuesta de acuerdo:

 

1.- Que se inste a la Junta de Gobierno a que proceda de inmediato  a  la designación  del vocal del Consejo Rector del Consorcio para la Gestión del Polígono de Villalonquéjar III y IV en representación del Ayuntamiento de Burgos.

 

     2.- Que, posteriormente, se convoque por el Sr. Acalde a una reunión extraordinaria del Consejo Rector del Consorcio  para la adaptación de los estatutos a la legalidad vigente, determinando, previo el informe jurídico correspondiente, quiénes son las entidades consorciadas.

 

     3.- Que, una vez adaptados los estatutos, se convoque nueva reunión extraordinaria del Consorcio en la que los representantes del Ayuntamiento  votarán a favor de la extinción del consorcio y la cesión integral de su activo y pasivo a la Sociedad para la Promoción y el Desarrollo de la Ciudad de Burgos.

 

4.- Que, una vez producida esta cesión, se entablen negociaciones para la reestructuración de la deuda actual del consorcio y asumida por la Sociedad para la  Promoción y el Desarrollo de la Ciudad de Burgos.

EA.