“La Diputación Provincial ha sido condenada en más de 15 ocasiones durante los últimos meses” sentencia Lorenzo Rodríguez
La formación naranja propone realizar una nueva RPT y un Plan de Ordenación de Recursos Humanos.
Ya en el Pleno de julio, el Grupo Provincial de Ciudadanos realizaba una pregunta sobre la conversión de contratos temporales en contratos indefinidos en la Diputación Provincial de Burgos, vulnerándose, a su entender, el criterio por el cual el acceso al empleo público ha de producirse a través de los criterios de mérito, igualdad y capacidad. El pasado viernes, C’s recibía respuesta a esa pregunta.
Esta respuesta recibida bajo el título de informe y firmada por la Jefa del Servicio de Personal de la Diputación Provincial de Burgos tras dar varias vueltas innecesarias sobre la situación señala textualmente que “soluciones posibles al aumento de dicho personal (el que obtiene un contrato indefinido de manera judicial) existen […] pero las actuales directrices políticas del equipo de gobierno no dejan margen a estas soluciones”. En este mismo informe y dentro del mismo párrafo se llega a decir y a acusar al equipo de gobierno y al resto de los diputados, entre los que se encuentran los del grupo Ciudadanos, de no tener interés en arreglar la situación al decir textualmente “aunque desde el personal técnico desconocemos si interesan a la Entidad”. La formación naranja acusó directamente al Partido Popular, basándose en el informe, de no estar interesado al no haber tomado medida ninguna.
Lo que desde Ciudadanos quieren dejar claro que “sí hay soluciones frente a una situación que es contraria a la Ley y que por tanto ha provocado que la Diputación Provincial haya sido condenada en más de 15 ocasiones durante los últimos meses”. Estas soluciones pasan por las tres que propone la propia jefa de personal: La externalización de algunos servicios, la contratación mediante empresas de trabajo temporal, el nombramiento de funcionarios interinos. Ciudadanos entiende que existe una cuarta vía: “el nombramiento de funcionario de carrera a través de promoción interna y de formación del personal por medio del sistema de concurso, como procedimiento normal de puestos de trabajo” tal y como queda regulado en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Esta opinión de C’s viene fundamentada en el apartado 3 del artículo 70 del EBEP que reza: “La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos”.
Esta planificación de Recursos Humanos, en opinión de Lorenzo Rodríguez, puede y debe de realizarse a través de la aprobación de “Planes para la Ordenación de Recursos Humanos que pueden incluir varias medidas entre la que quiso destacar la promoción interna y de formación del personal que vienen recogidas en el artículo 69.2 del EBEP.
El portavoz naranja puntualizó que esta medida debe de acompañarse con la redacción de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que ya fue solicitada en un pleno y que el Partido Popular rechazó. Cabe recordar en este sentido, que el portavoz del PP, Borja Suárez, indicó a los medios de comunicación que “existen desajustes en la plantilla de personal debidos a la Ley Montoro”, y sigue negando la mayor “es necesaria y obligatoria la redacción de una nueva RPT para poder conocer las necesidades reales en materia de personal por parte de la Diputación”.
Desde Ciudadanos se propone y así se hará en la próxima comisión de Régimen Interior y Personal la realización de una nueva RPT, así como un Plan de Ordenación de Recursos Humanos que contenga medidas de contención del empleo indefinido irregular que bien se pueden lograr a través de medidas de promoción interna y de formación del personal. Al mismo tiempo se pedirá aclaración al Equipo de Gobierno sobre las declaraciones del Señor Suárez, así como sobre el contenido del informe de la Señora Jefa de Personal en la que acusa al Equipo de Gobierno de dejadez en temas de personal y a los sindicatos de querer mantener viva esta situación de contrataciones irregulares que acaban con sentencias judiciales en contra de la administración.