Lorenzo Rodríguez Pérez y José María Fernández García

Ciudadanos ha recibido en el día de hoy respuesta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León en referencia al recurso presentado por el Grupo naranja en la Diputación Provincial el pasado día 10 de noviembre.

Cabe recordar que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23 de octubre de 2015 se aprobaba adjudicar el contrato de suministro e implantación de las actualizaciones tecnológicas de las aplicaciones informáticas de gestión contable y gestión de tributos y recaudación para la Diputación Provincial de Burgos, a la mercantil T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U., a través de procedimiento negociado sin publicidad. Este contrato y su mantenimiento valorado en más de 2 millones de euros fue recurrido, tras advertir de la posibilidad de su ilegalidad en varias comisiones de la Institución Provincial, ante el TARCYL.

Con fecha 26 de noviembre de 2.001, la Excma. Diputación de Burgos y la mercantil TAO-TECNICS EN AUTOMATITZACIO D’OFICINES, S.A. (hoy integrada en la sociedad T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U) suscribieron contrato para la adquisición de suministro de aplicaciones informáticas en contabilidad y gestión tributaria, recaudación y software de implantación de la segunda fase de adaptación al euro, por importe de  114.148,79€. Las aplicaciones entonces contratadas han devenido obsoletas, puesto que no cumplen la normativa, no funcionan sobre los nuevos sistemas operativos y no pueden prestar los servicios que precisa a día de hoy la Diputación. Es por eso que la Diputación decidió realizar este contrato pero lo hizo sin publicidad.

C’s entiende que atendiendo al objeto del contrato descrito, nos encontramos ante un contrato de servicios sujeto, a priori, a regulación armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el art 16 del TRLCSP, por lo que su formalización deberá ser comunicada a la Comisión Europea o en su caso, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (art. 154 TRLCSP)

Consecuentemente, y dada la utilización excepcional de la contratación negociada sin publicidad, se requiere de una justificación de peso para la misma que, entendemos,  no concurre en el presente caso puesto que no parece de recibo mantener que únicamente la adjudicataria es la única capacitada para prestar el servicio requerido por la Diputación de Burgos. Y es que, de ser así, todas las administraciones españolas habrían contratado con la misma mercantil.

Lorenzo Rodríguez recordó que “evidentemente existen otras opciones, que pueden ser más baratas o más caras, pero no constan valoradas ni comparadas en el informe ni en el expediente”.

Con fecha de hoy se ha recibido respuesta por parte del TARCYL en referencia al Recurso 96/2015 diciendo textualmente que “el recurso se presenta contra la adjudicación del contrato por lo que, en aplicación del artículo 45 del TRLCSP, la tramitación del procedimiento de contratación queda en suspenso”.

Rodríguez valoró muy positivamente la noticia y espera una pronta resolución definitiva del recurso, puesto que recordó que están en “las instituciones para ayudar y no para paralizar las mismas, pero no se puede permitir que quienes tienen que dar ejemplo pequen de falta de transparencia”.