- El concejal de Ciudadanos ha aseverado que no parará “hasta acondicionar este y otros espacios degradados que llevan años en condiciones insalubres”
El concejal de Licencias, Julio Rodríguez-Vigil Junco, ha anunciado que el área que lidera impondrá la primera multa coercitiva a los propietarios de las instalaciones de la antigua empresa Mifer, ubicada en la carretera de Arcos.
La amonestación será tramitada, según ha detallado el edil de Ciudadanos, al no recibir noticia alguna de ellos antes del 1 de septiembre, plazo máximo que se había establecido bien para iniciar las mejoras necesarias en las dependencias bien para formalizar su venta con el compromiso de ejecutar los arreglos oportunos por parte del comprador.
Rodríguez-Vigil Junco ha recordado que existen informes municipales que constatan el estado de insalubridad de la nave. “Anunciamos en su momento que debía haber una reacción antes de septiembre y no la ha habido. El importe de la sanción asciende al 10% del coste total estimado por el Ayuntamiento de las actuaciones necesarias para acondicionar la parcela, cuyo coste total ronda los 300.000 euros. Por tanto, la multa es de 30.000 euros”, ha explicado.
El concejal ha confiado en que esta medida sirva de estímulo al propietario para actuar y ha afirmado que no va a parar “hasta que esta y otras tantas parcelas de la ciudad, que llevan siendo objeto de quejas reiteradas por su estado de degradación y el peligro que suponen para los vecinos, obtengan una solución y se acondicionen”.
Rodríguez-Vigil comparecía ante los medios de comunicación para dar cuenta de los nuevos pasos hacia la transformación del parque de Artillería en zona residencial aprobados en la comisión de Licencias celebrada el martes.
Tras redactarse el estudio de detalle y los proyectos básico y de ejecución de la construcción de las viviendas previstas en este espacio, ayer se concedía la oportuna licencia de obras a Promotora Edificio Camino de la Plata 3 para iniciar los trabajos en las tres parcelas afectadas.
En total se levantarán 168 viviendas de protección oficial y otras tantas libres por importe total superior a 29 millones de euros. Además de las viviendas y los garajes y trasteros correspondientes, se contempla habilitar en este sector espacios verdes u otro tipo de zonas públicas.