Lorenzo Rodríguez: “Si una persona fallece en Bilbao y tiene domicilio en Mena ha de esperar 24 horas más para el traslado. No se puede jugar ni con el sentimiento, ni con la economía de las personas”
“Castilla y León está incumpliendo la Ley de Unidad de Mercado y la normativa europea”.
El Grupo Provincial de Ciudadanos en la Diputación de Burgos elevará al Pleno del próximo viernes una proposición relativa a la problemática de los fallecimientos producidos fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
La formación naranja ha querido incidir en este tema teniendo en cuenta la cantidad de burgaleses que fallecen en hospitales situados más allá de los límites de Castilla y León a los que son trasladados por urgencia y proximidad geográfica. Los familiares de estos fallecidos se encuentran con el hecho de que la normativa autonómica considera estos decesos, producidos en ocasiones a menos de 30 kilómetros de la provincia burgalesa como no ordinarios y obliga a realizar una serie de trámites que pueden conllevar el retraso del traslado del finado entre 24 y 48 horas. Estos tiempos de espera conllevan un importante daño moral y económico a los familiares y allegados del difunto que han de hacerse cargo de costes que no deberían de tener según lo expresado en la Ley General de Unidad de Mercado (LGUM). En este sentido Lorenzo Rodríguez ha querido apostillar que “si una persona fallece en Bilbao y tiene domicilio en Mena ha de esperar 24 horas más para el traslado, no se puede jugar ni con el sentimiento, ni con la economía de las personas”. Además Rodríguez ha recordado que “Castilla y León está incumpliendo la Ley de Unidad de Mercado y la normativa europea” y ya ha sido advertida de esta situación, hace ahora dos años, por parte de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado del Ministerio de Economía y Competitividad.
Es por ello que el Grupo Provincial de Ciudadanos pedirá al Pleno de la Diputación que inste tanto a la Junta como al Gobierno Central a que actualicen las leyes que regulan los servicios funerarios para poder así cumplir con la LGUM y las directivas europeas, puesto que Rodríguez considera que “no pueden seguir existiendo ciudadanos de primera y de segunda clase”.