Edificio en situación de ruina inminente en la población de Tardajos

Edificio en situación de ruina inminente en la población de Tardajos

 

  • La formación naranja propone la creación de un negociado de ruinas que gestione los expedientes de ruina desde la propia Diputación.
  • Además exige que la Administración General del Estado se hago cargo de los inmuebles vacantes que le sean comunicados según lo recogido en la Ley Patrimonio de las Administraciones Públicas

El portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Burgos, Lorenzo Rodríguez, presentaba esta mañana ante los medios de comunicación la proposición que su grupo elevará al Pleno del próximo viernes.

Rodríguez explicaba como, prácticamente, todos los municipios de la provincia de Burgos cuentan con al menos un inmueble que se encuentra en estado de ruina. Aclaraba el portavoz ciudadano que según la Ley son los ayuntamientos quienes tienen que llevar a cabo el expediente y que si el propietario conocido se niega o no tiene medios para realizar la demolición de los inmuebles son los propios ayuntamientos, normalmente escasos de recursos económicos, quienes tienen que hacerse cargo del coste de estas actuaciones. Es por ello, que solicita que la Diputación cree un negociado de ruinas que se ocupe de estos casos a través de la firma de convenios entre los municipios interesados y la propia institución provincial.

Además el portavoz naranja quiso tratar el tema de los edificios sin dueño conocido y que la Ley considera “inmuebles vacantes”, pidiendo que tal y como marca la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Estado se haga cargo de su propiedad cuando haya instancia de parte y tras la pertinente investigación. Pedía además Rodriguez un cambio legislativo que obligue a la Administración a hacerse cargo directamente de esos inmuebles cuando estén vacantes, puesto que de esta manera también tendrán que hacerse cargo de las obligaciones tributarias y responsabilidades que los mismos conlleven. Criticó Rodríguez que la Administración General del Estado sólo quiera hacerse cargo de las fincas rústicas y edificios de desconocidos que tienen un interés pecuniario y pueden ser fácilmente enajenadas.