El PCAS es a las elecciones, como el monstruo del lago Ness al turismo veraniego: siempre se manifiesta de  forma oportuna con motivo de unos comicios.

En vísperas de las elecciones municipales y autonómicas presentó una denuncia por prevaricación contra la persona de José Ignacio Delgado, procurador en Cortes de Castilla y León, que ha sido archivada por no ser los hechos constitutivos de delito.

Una vez conocido el archivo, no ha dado señales de vida hasta que, tras las elecciones catalanas, y con los ya sabidos buenos resultados, entramos en precampaña de las generales y vuelve al ataque.

Curiosamente el objeto de la denuncia es el mismo y el TSJ, competente en el presente caso, ya se ha pronunciado al respecto mediante resolución de sobreseimiento y archivo (Concluyendo que, “corresponde, en cualquier caso, a la jurisdicción contencioso-administrativa la competencia”, para pronunciarse sobre esta situación) que ha devenido firme al no ser recurrida por el Ministerio Fiscal, única parte acusadora personada en la causa.

Y es que, el PCAS tira la piedra y esconde la mano: denuncia y se desentiende.

Ahora amenaza una vez más, con llevar el asunto a la jurisdicción ordinaria, desconociendo a qué se refiere, pues el TSJ es jurisdicción ordinaria. Eso sí, va a hacer una colecta para conseguir fondos para costear el procedimiento. Ciudadanos no cree que sea necesaria la ayuda de los vecinos atendido el despliegue de medios de que hicieron alarde durante la campaña electoral del pasado mes de mayo, que quizás sí debería ser objeto de investigación, habida cuenta de la escasa representatividad del partido.

A Delgado, al ayuntamiento de Caleruega y al partido del gobierno municipal sí le supone un esfuerzo y sacrificio económico litigar, “amén del esfuerzo y energías invertidas en defenderse de falsas imputaciones de este partido político moribundo”. Por ello, ya se anunciaba en la rueda de prensa  del mes pasado nuestra firme intención de querellarnos contra cualquier otra denuncia falsa que se plantee en el ámbito penal contra cualquiera de nuestros cargos políticos.

Es más, los particulares afectados por estas falsas declaraciones en los medios, procederán también en consecuencia, máxime cuando han aparecido sus datos identificativos en los medios de comunicación.

Hay que frenar ese tipo de conductas y sacar de la arena a quienes no cumplen con las reglas de lealtad y respeto y no aportan nada a la sociedad más que frustración y afán de revanchismo.